La cartera de créditos impagos es de $900 millones, pero solo $100 millones están reestructurados. Corresponden a deudas de máximo un año.
La pandemia provocó que los ingresos de las familias ecuatorianas, en promedio, se reduzcan un 40%. Esta realidad complicó el pago de deudas y le puso presiones adicionales a la cartera de crédito de instituciones, como el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
En total, la cartera hipotecaria impaga suma $900 millones, pero hasta la fecha, solo $100 millones se han refinanciado, renovado o reprogramado. Los afiliados que se han acercado a negociar nuevas condiciones tienen atrasos de máximo un año.
Beatriz Salazar explicó que se acercó a refinanciar su crédito, porque tanto ella como su esposo sufrieron la reducción de su sueldo, y, además, tuvieron que incurrir en gastos imprevistos de salud.
“Hemos tenido que ajustar el presupuesto familiar y buscar otras formas de generar ingresos. Todavía nos quedan varios años para pagar el hipotecario y buscamos mejores condiciones para no tener problemas a futuro”, acotó.
Ante las perspectivas de una lenta recuperación, o incluso una profundización de la crisis económica, desde el Biess se proyecta que existe un riesgo creciente de que, en los próximos meses, aumente el número de personas, con deudas menores a tres años, tratando de encontrar sistemas de refinanciación, de novación o de reprogramación de deudas.
Procesos de coactiva en suspenso
De las 210.00 personas que tienen créditos hipotecarios, 17.000 están en mora. El Biess ha enviado notificaciones a los morosos, con el objetivo de que se acerquen a cubrir sus atrasos o a negociar un plan de pagos.
Las mayores gestiones se han concentrado en los deudores de más de tres años, antes que en los que se han visto en dificultades durante este último año de pandemia. Sin embargo, las acciones de coactiva están suspendidas hasta junio de 2021, debido a una disposición incluida en la Ley de Apoyo Humanitario .
En el corto plazo, el Biess adelantará los trámites para emprender acciones de cobro contra 5.500 clientes con atrasos de más de tres años. Esos clientes pueden negociar acuerdos de hasta 24 meses, caso contario lo que procede es el embargo de las viviendas.
Ese último escenario no es beneficioso para ninguna de las partes. Las autoridades han reconocido que el peor negocio para un banco público o privado es convertirse en una especie de inmobiliaria mediante la acumulación de los bienes quitados a sus clientes morosos. (JS)