En la carrera electoral los precandidatos juegan a alcanzar mayor conocimiento de los votantes. Pero falta transparencia de sus patrimonios.
Las precandidaturas para las principales dignidades de los gobiernos autónomos, alcaldías y prefecturas, están definidas. La gran cantidad de aspirantes -el Consejo Nacional Electoral (CNE) espera unas 90.000 candidaturas definitivas- viene acompañada de dos problemas para los electores.
El primero, ampliamente analizado, es la dispersión de candidatos, con la consiguiente dificultad de falta de legitimidad de la autoridad elegida con escaso porcentaje del electorado.
Esa ya es una característica que se observa en varias provincias, como ha recogido LA HORA. Pichincha, Esmeraldas, Tungurahua, por ejemplo, tienen más de ocho precandidatos por puesto.
No hay división ideológica clara, ni siquiera la tradicional derecha-izquierda. Los planes de trabajo, propuestas básicas, para ejecutar no están claros. Los candidatos, la mayoría, todavía juegan a alcanzar mayor conocimiento de los votantes, en especial en redes sociales.
Van avanzando en el camino. Desde el próximo 22 de agosto, según el calendario electoral del CNE, están abiertas las inscripciones definitivas. Así, de precandidatos, pasarán a ser candidatos.
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Mientras esto sucede, los electores se enfrentan a un segundo problema. Y tiene relación con el desconocimiento de quiénes son en verdad estos políticos que aspiran a una dignidad.
Sus patrimonios, empresas, pasado y juicios, no son parte del proceso de selección de los partidos políticos para ayudar a postularlos para las próximas elecciones.
Conocer el pasado y presente de la vida de los precandidatos es de real importancia cuando, como ha sucedido en Quito y Guayaquil, se ha cuestionado la calidad moral de las autoridades por contratación pública o sus nexos con empresas.
Sin este paso previo es imposible evitar que un aspirante a alcalde, prefecto, concejal o consejero, esté tentado a manipular personas, normas o procedimientos para beneficiarse.
El conflicto de interés se traduce, justamente, en la decisión en el ejercicio del servicio público que pueda afectar a sus intereses personales, sea para beneficiar o perjudicar a terceros.
Un alcalde o un prefecto, incluso si es precandidato, puede transparentar su patrimonio, ahorros, empresas (si son socios o directivos), tipos de negocio, juicios relacionados con el estado, o, mucho más relevante en este caso, con los gobiernos locales. Así partidos y votantes sabrán a lo que se atienen.
Quienes puedan tener problemas en el futuro tendrían la opción de abandonar la carrera electoral y no enfrentar complicaciones posteriores con la ciudadanía organizada o con la prensa. A las que los corrompidos siempre culpan de persecución cuando les señalan los hilos sueltos.
Claro, tener contratos con el Estado, juicios por asuntos varios, ser proveedores de las alcaldías, no es un ‘pecado’. Lo incorrecto es tratar de usar al servicio público como su mejor impulsor para enriquecerse o formar castas. Ya lo hemos vivido.
Pero nada de eso pasa. En el caso de Quito, la transparencia pudiera convertirse en un elemento decidor en la próxima elección por lo que ha sucedido en el Municipio en los últimos años: alcalde y concejales con grillete.
Normativa desechada
Sin embargo, la clase política en funciones prefiere no tocar estos temas. De hecho, el proyecto de Ley de Prevención del Conflicto de Intereses, del 22 de enero de 2020, fue desechado por la actual Asamblea.
El proyecto, cuya creación fue liderada por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y que puede ser reactivado, tiene una segunda parte que puede aplicarse a los gobiernos autónomos.
Ya en funciones también deberían transparentarse los bienes de sus cónyuges, de las parejas con quienes las flamantes autoridades mantengan unión de hecho, también los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Así estaba escrito en el proyecto que rechazó el Parlamento, diseñado por los especialistas en conflictos de intereses.
Todo esto para eliminar la opacidad, pero, sobre todo, no repetir bochornosos episodios en las administraciones locales.
La administración pública no solo debe ser eficiencia, calidad y planificación. También debe ser transparente. (JC)