La terminación de las liquidaciones, que se decretaron a mediados de 2020, deberá ser asumida por el próximo Gobierno. Se ha vendido el 30% de los activos y temas laborales pendientes
El próximo presidente, luego de asumir el mando del país el 24 de mayo de 2021, tendrá, entre las tareas urgentes de su agenda, que gestionar la terminación de los procesos de liquidación de 6 empresas públicas: Tame, Ferrocarriles del Ecuador, Centros de Alto Rendimiento, Correos del Ecuador, Medios Públicos y Siembra.
Esos procesos han tenido tropiezos y demoras. Así, por ejemplo, el gobierno entrante heredará pasivos, entre deudas y obligaciones por pagar, de $429 millones.
La venta de los activos es la principal fuente para ir cerrando esos compromisos pendientes. Sin embargo, solo se ha podido vender el 30%. Uno de los principales problema es que los terrenos no estaban registrados a ningún nombre. Por eso tuvieron que iniciar trámites para que sean de propiedad de las empresas.
Asimismo, en el caso de Ferrocarriles, el 80% de los bienes no se pueden comerciar, porque son considerados patrimoniales. Eso ha provocado que se tenga que continuar con gastos de mantenimiento de los trenes, con el fin de evitar su deterioro.
Por su parte, los aviones de Tame han ido perdiendo su valor. Además, tres de ellos eran arrendados y otros dos cumplieron su vida útil. Según las autoridades, el verdadero patrimonio de esta empresa son las rutas, las cuales se mantendrán en poder del Estado y servirán en caso de que, en los próximos años, se considere volver a tener una aerolínea nacional pública.
El personal se redujo en 85%
Entre 2017 y 2021, el personal de las empresas públicas en liquidación pasó de 6.174 a 900 personas, es decir, una reducción del 85%. Los pagos de liquidaciones no se han completado hasta que se terminen los procesos de cierre.
Sin embargo, en el caso de los 3.957 trabajadores que salieron hasta junio de 2020, cuando se decretó la liquidación, los recursos necesarios están financiados y se desembolsarán progresivamente.
Por otro lado, todavía no se ha determinado la fuente para el financiamiento de las desvinculaciones de los que todavía están en funciones. Ese compromiso requería alrededor de $7 millones adicionales, los cuales deberán ser gestionados por el próximo Gobierno.
Un caso particular es el de Correos del Ecuador que, a pesar del proceso de liquidación, no ha dejado de operar su servicio postal, debido a la cantidad de paquetería pendiente de envío. Según el decreto ejecutivo 1244, se ordenó que crear una nueva empresa solo para ese servicio, la cual operará, desde octubre 2021, con 230 de los 890 trabajadores que se tuvo en su momento. (JS)
Mal negocio para el país
Entre 2017 y 2021, las empresas en liquidación acumularon pérdidas por $300 millones. A pesar de eso, los saldos en rojo se redujeron en los últimos dos años. En 2019, se perdieron $80 millones y en 2020 se contabilizaron $18 millones más. Si no se hubiera emprendido los procesos de cierre, se estima que el perjuicio al Estado habría sido de $150 millones durante el año pasado.
Verónica Burbano, economista e investigadora, comentó que esas entidades nunca tuvieron estándares de calidad, controles efectivos de gasto y de productividad. “El dinero que venía desde el Estado hacía que las pérdidas no sean una preocupación real para los administradores de turno. Con la pandemia, los problemas se hicieron aún más evidentes porque, en casos como Tame y Ferrocarriles del Ecuador, las actividades se paralizaron completamente”, acotó.
En 2017, el Gobierno de Lenín Moreno recibió 21 empresas públicas, y, para mayo de 2021, 12 quedarán operativas, con un patrimonio de $35.000 millones, lo que representa $2.000 millones más que hace 4 años.