A lo largo de la historia los ‘tratados de paz’, entre Gobiernos y grupos delictivos, han sido una estrategia para detener la violencia, pero Ecuador no está en la capacidad de hacerlo.
¿Debe el Estado ecuatoriano negociar con grupos delictivos para frenar la violencia en las cárceles? Para los expertos en seguridad, Mario Pazmiño y Daniel Pontón, la verdadera pregunta es: ¿Está el Gobierno de Guillermo Lasso en la capacidad de negociar con bandas narco-criminales?
Antes de tener una respuesta es necesario saber que a lo largo de la historia, los líderes de países en conflictos sociales con altos grados de violencia han optado por acuerdos de paz. El ejemplo más cercano es Colombia.
Resultados de corto plazo
En 2002, el presidente de Colombia Álvaro Uribe inició una negociación abierta y formal con grupos paramilitares. A inicios de 2003 se alcanzó un acuerdo. En 2005, el Congreso colombiano emitió una ley para el acuerdo de paz con sentencias reducidas y no extradición. A cambio, los paramilitares tenían que hacer una confesión plena de sus delitos, entregar sus bienes mal habidos y otras formas de reparación para las víctimas.
Entre 2002 y 2006, el número de homicidios y secuestros descendió 50% y 80%, respectivamente.
Sin embargo, para 2009 las tasas de homicidio volvieron a subir ya que una ‘piedra angular’ del conflicto guerrillero no ha tenido solución: el narcotráfico.
Daniel Pontón, analista de seguridad y catedrático, dice que las condiciones no son similares, pues cuando hubo estas negociaciones los grupos guerrilleros estaban debilitados. En las cárceles de Ecuador, las bandas delictivas, tienen cada vez más poder.
“En el momento actual (cárceles de Ecuador) los que pondrían las condiciones son los PPL (personas privadas de la libertad) y no el Estado”, dice.
Negociar “la paz” en estos momentos avivaría el ego de los delincuentes y les haría creer que si se vuelven suficientemente violentos pueden recibir un trato de privilegio estatal.
Desorden entre fuerzas del orden
Mientras no se arreglen las disputas entre instituciones, las matanzas continuarán.
El presidente, Guillermo Lasso, ha señalado que la Corte Constitucional no permite que actúen los militares dentro de cárceles. La Comandante General de la Policía, Tannya Varela, ha criticado a los jueces y “se nota que hay una desconexión entre Policía, Fuerzas Armadas y el SNAI (Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad)”, destaca Pontón.
Solo así se puede poner en marcha un proyecto de reestructuración del sistema penitenciario. Y solo así se podría dar paso a procesos de negociación en los que el Estado cede espacios a los presos para la administración de la vida penitenciaria. “Pero aquí no se ha cedido solo el espacio sino el control económico, administrativo. Hay una renuncia del Estado a la capacidad de tener el control de las cárceles (…) por qué hay presos con tantos privilegios, ¿cómo así tienen ellos el control de la cárceles? Y el Estado no se inmuta”, cuestiona Pontón.
Estado con poca capacidad operativa
Cerca de siete horas pasaron antes de que la Policía Nacional intervenga en la penitenciaría del Litoral, donde 62 personas murieron, entre el 12 y 13 de noviembre de 2021. La Comandante General de la Policía dijo que los presos usaban armas de todo tipo y que la institución, por falta de contingente, decidió no entrar para evitar que pase “algo peor”.
Mario Pazmiño, exjefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, indica que este mensaje es erróneo. “Porque la institución militar y policial no espera a que las condiciones sean favorables para poder actuar. La Fuerza Pública actúa en cualquier tipo de condiciones y bajo condiciones adversas, si no es así estamos perdidos”.
Pontón agrega que no hay falta de armamento, sino de capacidad operativa.
¿Cómo retomar el control?
Pazmiño indica que una solución es que la Policía Nacional se haga cargo de las cárceles por, al menos, dos años. Tiempo en el que el Estado debe preparar guías penitenciarios y aumentarlos.
Para él, si se mantiene la prohibición de ingreso de militares, la agitación en cárceles va a escalar. Pontón concuerda y dice que llegará un punto en el que, ni los líderes de pabellones podrán hacer algo. El sistema carcelario –advierte– se está encaminando hacia un modelo de anarquía y de instalar una necropolítica en el que se mata sin razón alguna, ni por control, ni por espacio, ni por guerras de bandas.
Para esto es urgente que se reduzca el hacinamiento (bordea el 38%), que haya condiciones de vida dignas, separación de pabellones y procesos ágiles de sentencia. (AVV)
Masacres 2021
Cárceles Ecuador
23 de febrero de 2021
- Cárcel de Turi: 34 muertos
- Regional del Guayas: 31
- Cárcel de Cotopaxi: ocho
- Penitenciaría del Litoral: seis
Total: 79 muertos
21 de julio de 2021
- Cárcel de Cotopaxi: 8 muertos
- Penitenciaría del Litoral: 19
Total: 27 muertos
28 de septiembre de 2021
Penitenciaría del Litoral: 118 muertos
12 y 13 de noviembre de 2021
Penitenciaría del Litoral: 62 muertos
Fuente: SNAI
El presidente Guillermo Lasso no ha mencionado negociaciones con presos, pero sí un proceso de diálogo.
“El problema de los tratados de paz es que siempre va a estar en juego, en entredicho, el tema de la impunidad. Yo creo que las matanzas en las cárceles no deben quedar impunes”, Daniel Pontón, catedrático y analista de seguridad.
“El Estado no puede negociar en una posición de debilidad. Debe entrar a negociar con las megabandas siempre y cuando tome el control de las cárceles. Ahí puede establecer ciertos tipos de condiciones”, Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
“Los procesos de pacificación negociada con grupos criminales son moral y políticamente muy complicados”, Alejandro Hope, analista en seguridad mexicano.