El caso se relaciona con la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán, la cual habría ocurrido en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas.
La representación del Estado aceptó en el cierre de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del escritor César Gustavo Garzón Guzmán, ocurrida en Quito, en 1990.
«En virtud de lo expuesto el Estado ecuatoriano acepta que en el presente caso se ha configurado una desaparición forzada y en consecuencia reconoce su responsabilidad internacional por la violación a los derechos (…) en relación a la familia del señor Garzón, el Estado ecuatoriano reconoce sus responsabilidades», afirmó en los alegatos finales la representante del Estado, María Fernanda Álvarez.
El caso se relaciona con la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán, la cual habría ocurrido en un contexto general de desapariciones forzadas cometidas por agentes estatales en contra de personas identificadas como subversivas, pertenecientes a los grupos «Alfaro Vive Carajo» y «Montoneras Patria Libre».
Sin rastro
La demanda contra el Estado señala que el caso fue documentado en el informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional y que existirían elementos suficientes para concluir que Garzón Guzmán habría sido privado de libertad por agentes estatales.
La representante del Estado indicó que «hasta la fecha, la investigación no ha podido determinar el paradero del señor Garzón, ni establecer las circunstancias alrededor de su desaparición».
«Han transcurrido 30 años sin que aún sus familiares hayan podido conocer la verdad de lo sucedido, ni saber quiénes fueron los responsables. Esta constatación nos compele a admitir las falencias de las autoridades nacionales en el presente caso», agregó Álvarez.
Compromiso
La representante estatal manifestó que como constancia del compromiso del Estado para que estos hechos no se vuelvan a repetir, las autoridades trabajan en mejoras para realizar las investigaciones en tiempo y plazo, así como en reformas al ordenamiento jurídico interno y medidas de reparación a las víctimas.
La demanda establece que Ecuador vulneró los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial.
La hipótesis manejada en un inicio por el Estado ecuatoriano en el marco de la investigación dice que la víctima fue sustraída por miembros del grupo subversivo al que pertenecía o huyó a otro país.
Este tipo de hipótesis coinciden con el modus operandi para casos de desapariciones forzadas en el momento de los hechos, según la demanda.
El representante de las presuntas víctimas, César Duque, puntualizó en sus alegatos finales que «la desaparición forzada de Garzón creó un profundo sentimiento de dolor, angustia e incertidumbre de su familia, fundamentalmente a la madre; dolor que se ha profundizado por la falta de una investigación seria». EFE
Secuencia de los hechos
El día de los hechos Gustavo Garzón era un escritor de 32 años y trabajaba en su tesis para el doctorado en letras. La noche del 9 de noviembre de 1990 salió por la noche con unos amigos y su familia nunca más lo volvió a ver.
Tras la audiencia concluida ayer, las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito a la Corte Interamericana, la cual emitirá un fallo en los siguientes meses.
La CorteIDH, con sede en Costa Rica, es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.