Asamblea recibe proyecto de ley sobre aborto en caso de violación

La defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, entregó la propuesta a la Legislatura.

La Defensoría del Pueblo junto con colectivos feministas y expertos nacionales e internacionales redactaron la propuesta a pedido de la Corte Constitucional. 

Este 28 de junio de 2021, la defensora del Pueblo subrogante, Zaida Rovira, llegó a la Asamblea Nacional y presentó el proyecto de ley para el aborto en casos de violación. El hecho dejó de ser un delito tras el fallo de la Corte Constitucional (CC), el 28 de abril de 2021.

La CC dio un plazo de dos meses para que la Defensoría del Pueblo presente un proyecto de ley al Legislativo. Desde entonces, Rovira ha conformado mesas técnicas con colectivos a favor de los derechos humanos, en distintas provincias del país.

Requisitos

La propuesta, que tiene 49 artículos, detalla los los requisitos que deberán cumplir las mujeres que deseen interrumpir su embarazo producto de una violación.

Primero deberán llenar una solicitud de consentimiento– documento que será gratuito– pero, si la mujer que desea interrumpir su embarazo es menor a 12 años no requerirá dicho documento.

La Ley destaca que su objetivo es garantizar la dignidad de las personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo en caso de violación, reconociendo que son libres de tomar decisiones para interrumpir legal y voluntaria el embarazo en casos de abuso sexual.

Establece, además. que existen obligaciones del sistema nacional de salud y del personal médico que debe intervenir en la práctica de la interrupción legal y voluntaria del embarazo en casos de violación.

 

 

En el proyecto destacan los siguientes apartados:

  • Garantizar el acceso a la atención prioritaria, integral, gratuita, oportuna, humanizada, de calidad y confidencial, antes, durante y después del aborto a las personas gestantes que deseen legal y voluntaria interrumpir su embarazo en caso de violación.
  • Guardar el secreto profesional sobre toda la información provista en la consulta médica, incluida aquella relativa al acto de violación que produjo el embarazo. Los servicios públicos de interrupción voluntaria del embarazo serán gratuitos.
  • El sistema de salud nacional deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud capaces de asegurar la interrupción legal del embarazo.
  • El proyecto de ley también hace énfasis en los derechos de las niñas y adolescentes que quieran interrumpir su embarazo, luego de una violación. Por ejemplo: Acompañamiento legal, psicológico y social, prioritario, especializado y sensible, en todos los niveles de salud.
  • El reconocimiento de que las niñas y adolescentes tienen el derecho a brindar su consentimiento en forma libre y autónoma, sobre la base de su edad y madurez.
  • Estado debe garantizar el acceso universal, seguro, digno, aceptable culturalmente, asequible y de calidad para interrumpir el embarazo en casos de violación.

La Asamblea tiene un periodo de entre seis y ocho meses para tramitar esta Ley. (AVV)