Con dos sesiones, una virtual y otra semipresencial, cerró hoy, martes 11 de mayo de 2021, su trabajo la actual Asamblea Nacional (AN) previo a dar paso a los nuevos legisladores que estarán en sus cargos hasta el 2025.
En sus cuatro años de funcionamiento, el actual Parlamento recibió $179,5 millones. Esto equivale al 0,13% del total del Presupuesto General del Estado (PGE), dividido en $61 en 2017, $62 millones en 2018, $61,4 millones en 2019 y 55,5 millones en 2020.
Marcelo Espinel, analista político, considera que esta cifra no se lo debe valorar exclusivamente desde la perspectiva de «cómo se gasta el dinero», sino que se debe integrar el aparataje que se requiere para el funcionamiento de esta institución que va más allá del sueldo de los asambleístas y equipos de trabajo.
Enfatiza en que hay que verificar en dónde hay «un gasto innecesario y en dónde se requiere mayor inversión». Cita que reforzar la Unidad de Técnica Legislativa y la Unidad de Comunicación deben ser parte del fortalecimiento de la AN entrante.
Se necesita transparencia
Esteban Ron, director de la escuela de derecho de la Universidad Internacional, apunta que se debe transparentar los «presupuestos» a través de mecanismos de fiscalización, como la solicitud de ejecución presupuestaria a través del ministerio de Finanzas y de la propia Asamblea.
Además, la nueva AN podría fiscalizar internamente la utilización del dinero y en el último de los casos el planteamiento de un habeas data. Estas herramientas pueden ser aplicadas tanto desde la institucionalidad y ciudadanía.
Deudas de la Asamblea saliente
Para Espinel, la actual Asamblea le queda debiendo al país en «integridad» al tener entre sus filas a «54 asambleístas involucrados en procesos de investigación por posibles casos de corrupción». Esto, a su criterio, habla de la imagen proyectada por este poder del Estado.
Añade que otra deuda se centra en materia de fiscalización. «Siempre la Asamblea llegó tarde cuando tuvo que destituir» a funcionarios como el excontralor, Carlos Polit; al exSuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa o al exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Ron coincide con estas deudas y añade que el trabajo del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en el agendamiento de temas no respondió a «una necesidad de política pública o una necesidad ciudadana», sino a las necesidades internas de asambleístas y las bancadas.
Enumera el Código de Salud (que respondió a intereses políticos), las reformas al Código de la Democracia (no atacó cambios estructurales), las reformas al COIP en lo referente a la Violencia Digital (falta de técnica legislativa) como los pendientes en materia legislativa. «Esto confluye en la poca credibilidad que tiene la Asamblea», indica.
Los retos de la nueva Asamblea
Espinel considera que en primer lugar la nueva Asamblea debe recuperar y «garantizar la confianza en la institución» generando un ambiente de «diálogo, consenso y gobernabilidad». El siguiente paso será consolidar una agenda legislativa «clara» y finalmente evitar » los repartos debajo de la mesa» y más bien fomentar acuerdos «transparentes» y de conocimiento público.
Ron menciona que la elaboración de una agenda inmediata enmarcada en economía, salud, vida y seguridad tiene que ser tratada de «manera urgente» para evitar desarticulación, desgobierno, falta de gobernanza, falta de legitimidad o levantamientos sociales.
Agrega que reactivar «todas las deudas legislativas actuales» y facilitar la gobernanza para la ejecución de planes de trabajo, tanto los propios, como los del Ejecutivo, tienen que ser parte del eje del trabajo de la AN.
La nueva Asamblea no debe ‘copiar’ lo malo
Espinel cree que se debe dejar de lado la creencia que la aprobación de un gran número de leyes significa un trabajo bien realizado. «No porque se aprueba más leyes quiere decir que son buenas», enfatiza al tiempo de indicar que se tiene que avanzar hacia un «camino de legislación responsable».
Considera que la legislación oportuna tiene que ser parte del sello de identificación de la AN entrante. Cree que la «lectura electoral y política» a los procesos de fiscalización únicamente entorpecen estos procesos que son utilizados no como actos de transparencia sino como «catapultas políticas».
Finalmente, se debe dejar de lado el «accionar alejado de la integridad y la ética». El país no «aguante más una Asamblea Nacional» involucrada en actos de corrupción, como el cobro de diezmos o repartos fraudulentos de carnets de discapacidad. Para ello, la autodepuración se deberá realizar en los «tiempos oportunos y correspondientes».
Ron apunta al fortalecimiento de la «curva de aprendizaje» de los nuevos asambleístas como primordial para fortalecer su trabajo tomando en consideración que 124 son nuevos. «Esto se suple con a contratación de buenos asesores» que guíen el trabajo en una AN que lo último que tiene es «tiempo». (AS)