En una semana se reportaron cuatro hechos de esta naturaleza en El Empalme, Guayas.
Cada vez son más los casos de extorsión a través de llamadas telefónicas o por redes sociales que se denuncian y se hacen públicos, lo que genera preocupación entre los ciudadanos.
Emma (nombre protegido) fue una de las víctimas. Hace casi un mes recibió una llamada a su teléfono celular donde se le dijo que su único nieto estaba detenido porque conducía un vehículo robado.
La persona que le hacía conocer la novedad era un supuesto policía que le pedía a cambio $200 por dejarlo libre, así se evitaría que lo trasladaran hasta la cárcel de Guayaquil.
De inmediato, la desesperada mujer empezó a prestar dinero a sus conocidos para poder cancelar, hasta que uno de sus vecinos le dijo que se comunicara con el padre del joven para ver si era verdad.
Su primogénito le manifestó que su hijo estaba en perfectas condiciones y que incluso se encontraba visitando a los abuelos en una finca en el cantón Vinces.
“En ese momento me privé, la preocupación no me dejó pensar con claridad hasta que mi amigo licenciado me dio esa idea y luego de llamar a mi hijo me quedé tranquila”, refirió.
En una semana
Carlos Ortega, jefe de Policía del distrito El Empalme, informó que tan solo en la semana pasada se denunciaron cuatro casos de esta naturaleza.
Dos de ellos fueron de comerciantes al que le solicitaban dinero para brindarles protección; también una señora manifestó que a su WhatsApp le escribieron indicándole que tenían fotos íntimas en una página de internet para adultos y que si no cancelaba las harían públicas.
También a otra persona supuestos agentes del orden le pidieron ‘para las colas’ a cambio de no llevar a uno de sus hijos preso ya que manejaba una moto que estaba reportada como robada.
“Hacemos un llamado a las personas para que no caigan en engaños, llamar al 911 o acercarse a la Unidad de Policía Comunitaria es lo más recomendable”, finalizó Ortega. (JO)
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 185 señala que la extorsión es sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, que puede incrementar si se verifican algunas circunstancias.