El pasado 28 de abril de 2021 la Corte Constitucional declaró inconstitucional lo establecido en los artículos 149 y 150 del Código Orgánico Integral Penal relativos a la penalización del aborto.
Este hecho histórico y polémico ha generado distintas posturas y declaraciones, en donde muchas veces prima las creencias religiosas, que durante años se han colocado sobre los problemas de salud pública.
La violación en nuestro país está tipificada como un delito, cuya característica principal es la cultura, podemos ver que el sistema “culpa a la víctima” por provocar, salir en la noche, vestir de cierta manera o simplemente por el hecho de ser mujer.
La violación no termina en el hecho violento que deja dolor, golpes y afecciones psicológicas, aquel delito trae en muchos casos un embarazo no deseado, no planificado, fruto de un acto impetuoso.
Resulta totalmente incoherente obligar a una niña o adolescente aceptar un embarazo producto de la violencia, sin duda alguna constituye una nueva forma de tortura, que generará nuevos sufrimientos mentales y físicos.
Hay que defender la vida, la justicia y la verdad, de aquellas mujeres que son víctimas de violación, aquellas mujeres que quedan con huellas permanentes, ni la pena máxima devolverá la paz y tranquilidad a estas mártires.
Nuestra Constitución cobija la vida de los ciudadanos sin distinción alguna, es contradictorio querer hablar de derechos si sabemos que el 15% de las muertes maternas se deben a abortos clandestinos.
Todos estamos llamados a ser activistas y defensores de la vida, pero para aquello suceda necesitamos incomodarnos un poco y ver más allá de nuestra experiencia, ver más allá de nuestra realidad, ver más allá de creencias personales, hay que palpar lo que sucede en sectores rurales, en hospitales públicos, en barrios pobres, más allá donde no llega el transporte público, donde la justicia sigue siendo un ideal.