El expresidente Rafael Correa entendió que criminalizar el consumo de drogas no es la solución al complejo problema asociado al tráfico de sustancias sujetas a verificación. La Constitución de Montecristi despenalizó la adicción a las drogas y la tabla de consumo fue creada para que los consumidores puedan portar dosis mínimas sin correr el riesgo de ir presas.
Durante la última campaña presidencial, el excandidato y actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, prometió eliminar la tabla de consumo como un mecanismo que combata al narcotráfico y aleje a los jóvenes de las adicciones. Sin embargo, este planteamiento con tintes de populismo penal no es la solución ni es el equivalente a una política pública de salud que priorice la prevención y garantice tratamiento a los consumidores con problemas de adicción.
Lasso y sus pares no entienden que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Los gobiernos, incluido el ecuatoriano, emplean cuantiosos recursos para combatir un negocio que, por su naturaleza e ilegalidad, promueve una industria millonaria controlada por mafias de alta peligrosidad.
Una economía financiada por el narcotráfico requiere del apoyo de políticos, jueces y de las fuerzas del orden para sobrevivir, lo que representa un peligro para la democracia y la gobernabilidad de la región.
La violencia carcelaria que sacude al país está asociada a las mafias del tráfico que luchan por liderar el transporte internacional y controlar el mercado interno. Parte de los problemas de inseguridad que vive Guayas está asociado a la comercialización de estas sustancias.
Todos estos antecedentes demuestran que la legalización de las drogas es urgente y necesaria. No es posible garantizar que la legalización será la solución a los problemas de adicción e inseguridad, pero al reducir considerablemente las ganancias de esta industria sometería a las organizaciones criminales, permitiría vigilar el mercado y facilitaría el acceso controlado a estas sustancias.
Una actividad económica con regulaciones básicas lograría que los Estados optimicen el uso de sus recursos a favor de políticas que beneficien a sus territorios como, por ejemplo, el combate a la pesca ilegal, la lucha contra el cambio climático, la trata de personas y más.