Priscila Amalia González Briceño
Ecuador vive un tira y jala constante del que hemos sido testigos en el “tan esperado” debate presidencial, así como en el diario vivir en cada uno de los espacios donde nos desenvolvemos. El discurso político se ha desligado de la política pública, vivimos en una democracia sentimental, lo que se busca es vincular las emociones para que la opinión pública reaccione ante ellas más que a los propios hechos. Los discursos de las principales formaciones políticas son cada vez más “corporativos o institucionales” y las decisiones o las propuestas, menos trascendentes.
No hemos aprendido nada y como evidencia de ello están las afectaciones por la temporada de lluvias que fueron resultado de una ineficiente gestión de riesgo y el retraso en el proceso de vacunación contra el COVID por una débil planificación, por mencionar apenas aquellos problemas que se encuentran más latentes en estos momentos. Sin duda, lo que hemos presenciado es la falta de responsabilidad social en la política que, en lugar de satisfacer objetivos partidistas, debería buscar el bienestar de la sociedad, colocando al ciudadano en el centro de las preocupaciones del Estado.
Nos quieren convencer que los gobiernos están experimentando una metamorfosis en su modo de gobernar y sus estructuras de gestión, nos quieren convencer que estos cambios son necesarios para atender mejor las crecientes expectativas de ciudadanos cada vez más exigentes con la calidad de servicios que esperan y demandan del Estado. Sin embargo, lo que palpamos es una crítica nada constructiva del ser o no ser, hacer o no hacer. En quien menos se piensa es en el pueblo y la constante demanda de reglas claras que contemplen procesos simples, pero eficientes y con resultados visibles.
Para finalizar, quiero añadir un poco de humor. Seguramente el lector entenderá que, aunque su cuñado no sea de su agrado, al final es familia política y eso nos “motiva” a ser capaces de dialogar en la misma mesa que compartiremos, por lo tanto, independientemente de las diferencias que se tengan, el objetivo es plantear y ejecutar propuestas que ayuden a recuperar la credibilidad en las instituciones públicas, ya que no bastan las buenas intenciones, los deseos que se tengan de hacer bien las cosas, ni tampoco los anuncios que publicitan lo que se hace. La responsabilidad de quienes nos representen se evidenciará en acciones concretas contra la corrupción, en la garantía de transparencia en el gasto público y sobre todo en la ética que se maneje dentro de la administración, teniendo siempre presente que nosotros, como ciudadanos, no somos ajenos a este proceso de construcción constante de un futuro mejor.