Resulta muy peculiar y llamativo descubrir que el Estado ecuatoriano no tiene una base de datos de las personas; que lo que el IESS posee no se puede cruzar con el Ministerio de Salud ni con el Registro Civil.
Para qué invertir en bases de datos seguras. Para qué trabajar en el levantamiento de esa información y darle seguimiento. Para qué vivir en la era del ‘Big Data’ y en el procesamiento de ingentes cantidades de datos, con lo que medran las corporaciones telefónicas, electorales y bancarias.
Manejar bien la abrumadora cantidad de datos de la población es una propuesta de política pública que en el país nunca prosperó porque los levantamientos que se han hecho nunca fueron pensados para el bien común, para el tan cacareado “procomún” o el Buen vivir, sino para la explotación en beneficio de un negocio particular o del servilismo populista.
Ahora, que tenemos un ministro tan “inteligente” en temas de sociedad de la información y del conocimiento, que aboga por una conectividad plena y que asegura que estamos en la autopista de la información, gracias a sus “inteligentes” decisiones, podemos tener unas plataformas ágiles, usables, seguras, como la del plan de vacunación.
Si las plataformas y sus conexiones sirvieran, no necesitaríamos ingresar los datos para inscribirnos a un sistema que no va a funcionar, porque no existe, porque no lo tienen escrito ni lo quieren ejecutar. Porque eso será un problema del siguiente gobierno.
El Estado cuenta con una Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, que debería ser el centro neurálgico para la administración y gestión de las bases de datos con miras a la satisfacción de servicios… pero cierto. La construcción de la normativa aún está en debate y las bases de datos, son, aún el negocio más lucrativo del momento, junto con la vacunación.
No sabemos cuántos adultos mayores hay en el país, lo cual indica que el Plan Toda una Vida no existió, como no existen bases de datos ni vacunas para quienes sí lo requieren urgentemente.