Hace un par de semana, a propósito de los Diálogos de Cusín, me propuse el objetivo de escribir algunas columnas consecutivas que abordasen la problemática de la política fiscal del país. Pero la última carta que se ha jugado la Asamblea Nacional me obliga dejar en pausa mi intención de aportar al debate público para el proyecto de un país sustentable a largo plazo, desde esta columna, y hoy les invito a leer el reciente informe emitido por la COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, DERECHOS HUMANOS, DERECHOS COLECTIVOS Y LA INTERCULTURALIDAD, de la Asamblea Nacional sobre los “Pandora Papers”, un documento que constituye un escándalo más en la paupérrima gestión del Legislativo.
El informe consta de 241 páginas, de redacción burda y llega a conclusiones obscenas. No se aborda la denuncia de la pieza de investigación periodística, que sugiere la existencia de empresas en paraísos fiscales vinculadas al patrimonio del Presidente de la República. No se analiza desde lo jurídico sino desde lo político, porque el patrimonio en paraísos fiscales no implica necesariamente evasión de impuestos, puede también tratarse de la búsqueda de mayor seguridad jurídica que ofrece algunas de esas jurisdicciones.
El informe en mención, usa artificios para proponer una causal de incumplimiento de funciones que conlleve la destitución del primer mandatario. Un atentado al Estado de derecho y al sentido común.
En la sesión de la comisión del pasado día viernes, ninguno de los asambleístas involucrados se atrevió a ser ponente de dicho documento y así entre diversas irregularidades, juntaron votos para que se apruebe y pase a debatirse en el pleno.
La respuesta ante tanta oscuridad en la gestión pública es la transparencia. Los golpistas desde la Asamblea se jugaron esta última carta desesperada de desestabilización del gobierno nacional.